Luego de emitir un comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores dónde se acusa a la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de actuar de manera «sesgada» contra Venezuela, el gobierno de Venezuela decidió suspender sus actividades, otorgando un plazo de 72 horas para que los funciones de esta dependencia abandonen el territorio nacional.
Dicho comunicado señaló además que: «la suspensión se mantendrá hasta que los funcionarios designados por el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas»
Además, el Gobierno venezolano anunció que iniciará, durante los próximos 30 días, una «revisión integral» de la carta de entendimiento suscrita con el organismo multilateral.
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarle como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», dice textualmente el comunicado oficial.
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