Venezuela rechazó el pronunciamiento judicial de la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.
«La Corte Suprema de Justicia del Reino Unido se ha subordinado al mandato del Ejecutivo británico, dejando en evidencia la falta de separación de poderes, de imparcialidad y, sobre todo, de actuación independiente de este órgano de justicia», afirmó el gobierno venezolano en un comunicado de la Cancillería.
Venezuela ante el Gobierno británico
En tal sentido, el Ejecutivo bolivariano acusó al Gobierno británico de recurrir «a un montaje político fraudulento, en complicidad con factores extremistas de la política venezolana, encabezados por el impostor Juan Guaidó, con el perverso objetivo de robar descaradamente el oro de los venezolanos y apoderarse de las reservas internacionales».
A continuación el comunicado íntegro
La República Bolivariana de Venezuela rechaza el desconcertante pronunciamiento judicial de la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que denegando justicia y no ejerciendo el control judicial de los actos del poder público por más irracional que sean, impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.
Dicha decisión violenta las normas del Derecho Internacional Público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica, al tiempo que representa graves riesgos para las inversiones que la comunidad internacional ha confiado en el sistema financiero del Reino Unido, siendo que éste recurre a fraudes para apoderarse ilícitamente de los recursos que le fueren confiados.
La Corte Suprema de Justicia del Reino Unido se ha subordinado al mandato del Ejecutivo británico, dejando en evidencia la falta de separación de poderes, de imparcialidad y, sobre todo, de actuación independiente de este órgano de justicia.
Por su parte, el Gobierno británico recurre a un montaje político fraudulento, en complicidad con factores extremistas de la política venezolana, encabezados por el impostor Juan Guaidó, con el perverso objetivo de robar descaradamente el oro de los venezolanos y apoderarse de las reservas internacionales del Estado venezolano, en el marco del entramado antijurídico dirigido desde Washington para despojar los recursos que son propiedad de nuestro pueblo.
En Venezuela existe, por mandato de la soberanía popular a través del voto universal, un solo gobierno constitucional, cuyo Jefe de Estado y de Gobierno es el Presidente Nicolás Maduro Moros.
Esta acción abusiva, expresada en la decisión judicial del día de hoy, ha puesto trabas a la ejecución de recursos para cubrir contingencias en el marco de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, por la Covid-19, cuya propuesta de disposición para tal fin, mediante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue deliberadamente ignorada por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno del Reino Unido.
En esta decisión judicial, sorprendente e irracional, la Corte Suprema de Justicia se subordina a un acto ilícito de la política exterior de su corona, reminiscencia del absolutismo, ejercido deliberadamente por el Ejecutivo Británico quebrantando abiertamente los principios fundamentales del estado de derecho internacional, su propia legislación interna e internacional. Venezuela aspira que el propio sistema judicial del Reino Unido repare esta atónica decisión.
El gobierno británico está en conocimiento que esas reservas están protegidas internacionalmente por la inmunidad que les es propia, y también la que les otorga la legislación interna del Reino Unido, mediante la “Inmunity Act”.
Ante este intento de despojo burdo, la República Bolivariana de Venezuela seguirá ejerciendo todos los recursos a su alcance en la defensa del patrimonio que forma parte de sus reservas internacionales, así como de los legítimos derechos del pueblo venezolano, tanto a nivel internacional como dentro de su propia jurisdicción. Venezuela seguirá su curso de paz y prosperidad.
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