La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió a los fundamentalistas que retomaron el poder en Afganistán que su política con respecto a las mujeres marcará una línea roja a los ojos de la comunidad internacional.
Al intervenir en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Afganistán, Bachelet instó al movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) a «adoptar normas de gobernanza responsable y de derechos humanos, y trabajar para restablecer la cohesión social y la reconciliación, en particular, respetando los derechos de todos aquellos que han sufrido durante décadas de conflicto».
La titular de Acnudh recordó que las nuevas autoridades se habían comprometido a respetar el derecho de las mujeres a trabajar y el derecho de las niñas a asistir a la escuela dentro de la interpretación talibana de la ley islámica».
«También han dicho que respetarán los derechos de los miembros de las minorías étnicas y religiosas y se abstendrán de represalias contra aquellos que han trabajado con el gobierno o la comunidad internacional. Ahora recae enteramente en los talibanes el deber de plasmar este compromiso en la realidad», agregó Bachelet.
Para la Alta Comisionada, «una línea roja fundamental será el trato de los talibanes a las mujeres y las niñas», el respeto de sus derechos al libre movimiento, la educación, la autoexpresión y el empleo.
«Garantizar el acceso de las niñas a una educación secundaria de calidad será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos», advirtió.
Michelle Bachelet pidió tomar medidas
La funcionaria pidió al Consejo tomar medidas contundentes y establecer un mecanismo especial para monitorear la situación de los derechos humanos en Afganistán.
Al comentar la situación actual en el país asiático, Bachelet dijo que su oficina recibió durante las últimas semanas «informes desgarradores y creíbles sobre el impacto de las violaciones del derecho internacional humanitario en la población civil, así como sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de las partes en conflicto».
Las graves violaciones, según ella, «incluyen en particular ejecuciones sumarias de civiles y combatientes de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas».
Los combatientes del movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) se hicieron con el control de buena parte de Afganistán en la primera quincena de agosto y el día 15 entraron en Kabul, retomando el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y pidió asilo en Emiratos Árabes Unidos.
La última bolsa de resistencia a los talibanes es el valle de Panshir, donde se concentran las fuerzas lideradas por el jefe guerrillero Ahmad Masud y el vicepresidente primero Amrullah Saleh, quien reivindica el papel de mandatario legítimo de Afganistán. Sin embargo, los fundamentalistas afirman mantener este territorio bajo sitio y se preparan para lanzar una ofensiva, si bien dejan entreabierta la puerta para una negociación.
Los talibanes dejaron claro de entrada que aspiran a un «traspaso completo» del poder en Afganistán, si bien anunciaron más tarde la disposición de negociar la creación de «un gobierno transparente, inclusivo e islámico».
Mientras, en el aeropuerto de Kabul continúan contrarreloj la evacuación de miles de expatriados y sus colaboradores afganos, desesperados por escapar del autoproclamado Emirato Islámico de Afganistán. Los talibanes ya advirtieron que no tolerarán la presencia de invasores más allá del 31 de agosto, la fecha en que debe finalizar la retirada de las fuerzas aliadas.
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