Según datos revelados por el director del Observatorio de Universidades y profesor de la UCLA, Carlos Meléndez, 6 de cada 10 estudiantes deben trabajar para poder subsistir.
“Tenemos estudiantes que trabajan mientras escuchan sus clases por el teléfono» dijo Meléndez en entrevista para Unión Radio.
Agregó que otros «solo entran a clases cuando tienen un break en el trabajo, eso ha provocado un gran ausentismo laboral”.
El docente se refirió a la situación de los centros universitarios al comenzar el año académico. Señaló que el sector universitario ha tenido “momentos oscuros”, ya que la situación de profesores y estudiantes no es la mejor.
Reiteró que persistirán las desigualdades entre las universidades públicas y privadas, basado en los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021.
Estudiantes de instituciones privadas retomaron estudios
La encuesta reveló que 9 de cada 10 estudiantes de instituciones privadas pudieron retomar sus estudios. Sin embargo, un tercio de los alumnos de las universidades públicas no han podido incorporarse.
En ese sentido, Meléndez aseguró que “hay una brecha que seguirá ensanchándose».
Asimismo, indicó que esto pasará «mientras que las universidades públicas no cuenten con el presupuesto para garantizas las condiciones y la permanencia de los universitarios”.
Aseveró que “una buena noticia es que gracias a la motivación y vocación de profesores y estudiantes, las universidades siguen de pie y no permiten el abandono”.
Elecciones en las universidades
Además, se refirió a la nueva agenda del Ministerio de Educación Universitaria, la cual pareciera estar dirigida a la realización de elecciones en las universidades donde hay que renovar las autoridades.
“Es la posibilidad de la reactivación de las elecciones, algo que dejaron de hacer en 2010”, aseguró.
Detalló que para la agenda de 2022, se incluyó la Ley de Universidades, lo cual propondría dos escenarios.
En el primero de los casos “las elecciones se realizarían sin respetar la autonomía de las instituciones”.
Mientras que en segunda instancia supondría “un reto para los universitarios al defender sus derechos y garantizar las elecciones libres y justas”.
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