El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó, durante una entrevista con EFE, el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos, porque -aseguró- es un grupo politizado que carece de información directa y veraz para acusar al país de cometer crímenes de lesa humanidad.
Saab, quien aseguró que la misión realiza sus informes con datos recabados en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones con opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, manifestó que sus miembros están políticamente «connotados», por lo que funcionan como «voceros» de países y personas que buscan destruir Venezuela.
En su opinión, cuando de derechos humanos se trata, el discurso «debe tener siempre un carácter ético y debe diferenciarse y apartarse de toda motivación de carácter político, incluso ideológico», porque es un asunto que «nace de los derechos inalienables», que van más allá de diferencias de ideas.
Explicó que la estrategia de usar la misión consiste en manejar «un formato de legalidad para impresionar a un Estado», después de no haberlo logrado «utilizando (en el país) la metodología de la guerra, del golpe de Estado, de lo que significaron las guarimbas (protestas violentas)».
ALTO COMISIONADO DE DDHH DE LA ONU, SÍ; MISIÓN, NO
Frente a su desacuerdo con la misión, a la que no considera una organización seria y dialogante, Saab mostró su respeto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), liderada hasta el pasado 31 de agosto por la chilena Michelle Bachelet.
Además, a su juicio, el grupo de determinación de los hechos va «a contracorriente, tiene un lenguaje totalmente diferente y se distancia enormemente de lo que hace la ACNUDH», que «ha elogiado, ha reseñado de manera positiva la labor que el Ministerio Público (Fiscalía) ha desarrollado en materia de derechos humanos».
Recordó que, desde 2019, bajo el mando de Bachelet, la ONU ha hecho control sobre el país y ha emitido recomendaciones que fueron verificadas posteriormente y, aunque no todas fueron seguidas, valieron a Venezuela el reconocimiento por parte del organismo internacional, con el que se desarrolló un «diálogo totalmente sano, directo, con interlocución totalmente abierta».
El funcionario también destacó que la ACNUDH tenga oficina permanente en la nación caribeña, por lo que puede -aseguró- verificar «in situ» los hechos, con visitas a las instituciones que considere, mientras que la misión independiente nunca ha estado en el país, sino que se apoya en información secundaria no verificable.
«Utiliza fuentes de Twitter, por ejemplo, de redes sociales, o personas que siendo prófugos de la justicia venezolana, ellos entrevistan. Eso carece totalmente de legitimidad (…) nosotros tenemos cómo, fácilmente, a todos los casos que ellos mencionan, responder con datos para desmentir», explicó.
En este sentido, recordó las condenas impuestas a funcionarios responsables de crímenes cometidos en las protestas de 2017 o en el interior de centros penitenciarios, con penas de hasta 30 años de cárcel.
Para Saab, esta es una de las pruebas que corrobora que no es necesaria la presencia de organismos externos para que se haga justicia, puesto que las autoridades del país se encargan de que no haya impunidad para quienes cometen crímenes, ya sean militares o civiles.
TOLERANCIA CERO A ABUSOS DE AUTORIDAD
Recientemente, el fiscal instó a la ciudadanía a grabar cualquier tipo de abuso policial o de autoridad, y que esas pruebas sean puestas a disposición de la Fiscalía para proceder, según corresponda, contra quienes cometan actos abusivos o de corrupción, más allá de si se trata de funcionarios de Estado.
En su entrevista con EFE, reiteró el llamamiento, y criticó «el uso del uniforme, de la chapa, de la pistola, de la patrulla, para extorsionar», así como la fórmula de las alcabalas (controles policiales) para cometer abusos contra los ciudadanos, por ejemplo, exigiendo dinero para poder continuar el camino.
Rechazó cualquier forma de extorsión policial, como los allanamientos sin orden judicial, en los que «aparecen este tipo de funcionarios policiales haciendo lo que no debe hacerse (…) incluso, terminan hurtando o robando enseres», hechos que -insistió- se castigan «de manera total y absoluta».
Explicó que, en lo que va de 2022, por este tipo de delitos y otros, se han imputado a 533 funcionarios policiales y militares, y 20 «colaboradores», de los que 83 ya fueron condenados, «por violar derechos humanos», un trabajo que -subrayó- no reseña la misión en su informe, «ni siquiera lo menciona a pesar de que son fuentes públicas».
Asimismo, recordó que, desde que comenzó su mandato al frente de la Fiscalía, en 2017, fueron imputados 1.463 funcionarios del Estado, de los cuales fueron condenados 358.
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