La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, acusó este viernes a Guyana de disponer «unilateralmente» del mar del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados disputado por ambos países, al otorgar «concesiones» petroleras «ilícitas e ilegítimas» en una zona «pendiente» de delimitar.
En la red social X, antes Twitter, la funcionaria dijo que Georgetown «instrumentaliza» a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que media en la controversia, con el objetivo de «desviar la atención sobre la flagrante y grave violación del Derecho internacional al disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar».
Este pronunciamiento de Rodríguez se produce tres días después de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunciara un plan de acción sobre el territorio, que incluye el otorgamiento de licencias a la estatal Pdvsa, para la explotación petrolera, en cumplimiento del «mandato popular» que, asegura, dio el pueblo en el referendo del domingo, cuando, según datos oficiales, más del 90 % de los votantes apoyaron la territorialidad de la Guayana Esequiba.
El Ejecutivo ha destacado que la consulta «es vinculante», por lo que se han comenzado a tomar acciones estratégicas, para la administración política, territorial y social de la zona en disputa, incluido el mar esequibano, aun estando sin delimitar.
En este sentido, el pasado martes, el presidente Maduro pidió a la Asamblea Nacional (AN) establecer una norma que prohíba la contratación de empresas «que operen o colaboren en las concesiones» dadas por Guyana en el mar que Venezuela considera «pendiente por delimitar», y sugirió dar un lapso de tres meses a estas compañías para que abandonen sus trabajos.
A la vez, pidió a Pdvsa que, «de inmediato», empiece a «conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas» en la Guayana Esequiba, nombre que llevará el estado que Venezuela prevé crear en la zona.
La región estará regida, en remoto, desde la localidad venezolana de Tumeremo, en el estado de Bolívar, por un gobernador designado por el jefe de Estado hasta que se celebren elecciones en la zona, y contará con representación legislativa regional y nacional, condicionada por el estatus actual de la disputa, con Georgetown controlando el territorio.
Fuente: EFE
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