AN aprueba Proyecto de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio

 La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, en su segunda discusión. En consecuencia se declara sancionada la Ley y se remite a la sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia para fines consiguientes en el marco de la lucha contra la corrupción en los que están involucrados altos funcionarios públicos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó la creación de una comisión especial conformada por diputados de la comisión de Política Interior, de Contraloría y de Economía y que estará presidida por Diosdado Cabello para revisar todas las leyes relacionada en la lucha contra la corrupción.

«Yo quisiera felicitar a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional por la manera clara y firma y manejándose con un criterio de urgencia y celeridad en el proceso de redacción y consulta para que pudiera ser traída esa ley muy importante en la lucha contra la corrupción en Venezuela», expresó.

Rodríguez, ratificó la lucha contra la corrupción «Caiga, quien caiga» y agregó que para que la impunidad no sea la manera de uso «por parte de corruptos o personas pertenecientes al sector privado que también son corruptos no solamente los funcionarios públicos«.

Más temprano, el diputado Diosdado Cabellos, solicitó sea incorporada una disposición transitoria la cual fue aprobada y consiste en que los ministerios con competencia en defensa justicia y paz dictarán las normas que regulen la actuación de los organismos de seguridad ciudadanos en materia de aseguramiento, incautación y decomiso de bienes dentro de los 120 días siguientes en la entrada de en vigencia de la ley .

Durante el debate parlamentario se han aprobado el artículo 5 y la nueva redacción del Proyecto del artículo 8.

Esta Ley se enuncia con relación a la trama de corrupción que combate actualmente el presidente de la República, Nicolás Maduro, y tiene como objetivo, anular todos los bienes adquiridos a través de actos ilícitos y, en consecuencia, los delincuentes pierden derechos sobre los mismos, mediante el inicio del proceso de averiguación penal.

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