Este viernes fue aprobada en sesión especial y primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional busca, de acuerdo al borrador del texto, transferirá al Estado la titularidad de los bienes incautados en actividades de corrupción, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y tráfico de drogas.
El adelanto de esta normativa sucede en medio de la segunda fase de la operación anticorrupción «Caiga quien Caiga» que inicialmente develó una trama de corrupción en la principal empresa estratégica de la nación, Pdvsa, tras la cual se han detenido a más de 25 personas, entre los que se encuentran funcionarios públicos y empresarios.
Más temprano el fiscal general de la República, Tareck William Saab, informó sobre la detención de los ciudadanos Jackeline Perico y José Lima, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Asimismo ocurrió la aprehensión de los presidentes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado y la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo.
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