Inmigrantes tendrán mejores beneficios en el mercado laboral, asegura el Gobierno español

El Gobierno español espera aprobar este martes una modificación del Reglamento de Extranjería para agilizar y facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral.

Esta nueva actualización pretende mejorar la contratación en origen, facilitar la regularización por arraigo de quienes ya están en España, permitir que trabajen los estudiantes extranjeros y simplificar las exigencias para emplearse por cuenta ajena.

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca flexibilizar los requisitos que se exigen actualmente para conseguir permisos de residencia y trabajo, con el fin de cubrir las crecientes vacantes del mercado laboral español.

Inmigrantes y su compromiso para una autorización de residencia

Entre las propuestas que prevé el Gobierno español para los inmigrantes está la figura del «arraigo por formación», el cual permite que las personas que se encuentren en España en situación irregular desde hace dos años y asuman un compromiso efectivo de formación en sectores con demanda de empleo puedan obtener autorización de residencia.

La normativa que se reforma exige, en el caso del arraigo laboral, que el extranjero haya permanecido en España durante al menos dos años y haya trabajado de manera regular o irregular durante un período acreditado de seis meses.

En el caso del arraigo social, se debe demostrar un período de permanencia en España de tres años y tener vínculos familiares o aportar un informe que acredite su inserción en la sociedad, pero también un contrato con una duración mínima de un año.

Entre los objetivos está también configurar un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que permita conocer más exactamente las necesidades del mercado de trabajo para mejorar los procedimientos de contratación en origen.

Respecto a los estudiantes inmigrantes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere que puedan simultanear los estudios con un trabajo (con un máximo de 30 horas semanales), algo que ahora tienen prohibido, salvo excepciones.

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